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Imagen realizada con IA.-
El escenario financiero actual atraviesa una etapa de alta tensión debido a un incremento masivo en las protestas de los usuarios contra bancos y billeteras virtuales, con un pico de casi el 400% en las quejas referidas exclusivamente al nivel de las tasas de interés. Este fenómeno se enmarca en una morosidad creciente que ya alcanza a unos 6 millones de personas, producto de un esquema de créditos cuyos costos financieros totales pueden superar el 1.300% anual en plataformas digitales. Ante esta situación, mientras el Gobierno Nacional descarta intervenir en el mercado, en Tucumán se analizan alternativas para mitigar el impacto en los salarios, reconociendo que la necesidad de cubrir gastos diarios empujó a los trabajadores a un nivel de endeudamiento que, en casos extremos, compromete la totalidad de sus ingresos mensuales.
De acuerdo con un relevamiento de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial, las denuncias contra proveedores de crédito mostraron una aceleración drástica durante el primer semestre del año. El factor más determinante fue el precio de los préstamos: las quejas por tasas excesivas crecieron un 394% interanual. A esto se suman otros indicadores críticos como el “hostigamiento, maltrato o acoso a los usuarios”, que subió un 360%, y la “falta de información relevante”, con un alza del 131%.
Este descontento social coincide con la percepción del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien vinculó el fenómeno a la caída del poder adquisitivo. “Nadie va a sacar un crédito teniendo los recursos normales y naturales que por ley le corresponden. Aquel que se endeuda es porque tiene necesidad de comprar algunos bienes o necesidad de los gastos diarios que debe tener para sostener la familia”, sentenció el mandatario provincial al analizar la problemática.

La brecha entre la desinflación y la baja de tasas profundizó el malestar. En el sistema bancario, el costo financiero total efectivo anual (CFTEA) de un préstamo personal puede llegar al 400%, mientras que en plataformas como Mercado Pago el costo financiero total alcanza picos del 1.375%. Respecto a estos valores, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, reconoció que “si están cobrando tasas del 700% y 400%, obviamente que son tasas abusivas”. No obstante, el funcionario aclaró que bajo el marco de desregulación vigente, “hoy no hay nada que les impide a ellos hacerlo, esa es la realidad”, descartando una intervención oficial directa.
Frente a esta postura de prescindencia nacional, el gobernador Jaldo planteó una mirada diferente sobre la responsabilidad de las jurisdicciones. “La Nación, yo lo que veo, está muy reticente a hacerse cargo de este tipo de problema... que es problema de privado, que el Gobierno no tiene que participar”, advirtió el titular del Ejecutivo tucumano. Por el contrario, manifestó la necesidad de buscar soluciones locales: “tendríamos que ver la manera o la forma, no digo de solucionar, pero sí de alivianar en algo esa difícil situación que está viviendo la gente”.
La urgencia de alivianar la carga salarial
El nivel de mora, que en junio de 2026 alcanzó un récord del 17,5% en deudas familiares, refleja la dificultad de cumplir con los compromisos asumidos. Jaldo describió un panorama alarmante en el que muchos trabajadores ven diluirse sus salarios antes de cobrarlos: “los niveles de endeudamiento nos lleva a que, a fin de mes, lo único que recibimos es el recibo de sueldo y no recibimos ni un peso, porque el 100 % de los ingresos están afectados”.
En este contexto, mientras algunos sectores proponen leyes de desendeudamiento con tasas fijas máximas a cambio de beneficios impositivos para los bancos, la provincia de Tucumán mantiene conversaciones para analizar alternativas específicas tanto para el sector público como para el privado. El objetivo, según remató el gobernador, es encontrar el mecanismo para “alivianar en algo la situación que vive nuestra gente”, en una economía donde la microeconomía se presenta hoy como “muy compleja y muy lejos de resolverse todavía”.